La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador ha dado luz verde al inicio del proceso de juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. Con el respaldo de cinco votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, la comisión aprobó el inicio del proceso, impulsado por la oposición liderada por el correísmo, que acusa a Sommerfeld de incumplimiento de funciones en relación con la crisis diplomática con México.

El conflicto diplomático estalló tras la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril para detener a Jorge Glas, exvicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, quien se había refugiado en la sede diplomática. En el momento de su detención, Glas ya había recibido asilo diplomático del gobierno mexicano y esperaba un salvoconducto para abandonar el país. Actualmente, Glas está recluido en La Roca, una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, mientras Ecuador y México se enfrentan en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que la calificación del trámite del juicio político responde a un procedimiento establecido en la normativa legislativa, observando el cumplimiento de los requisitos en la solicitud del proceso de censura. "El procedimiento parlamentario implica un trámite de notificación del juicio político a la canciller, quien tendrá la oportunidad de demostrar si ha cumplido o no sus funciones", señaló Aguirre.

Jhajaira Urresta, asambleísta del opositor movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Correa, presentó la solicitud para el juicio político el 25 de abril. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea aceptó la solicitud y trasladó el expediente a la Comisión de Fiscalización.

A partir de este miércoles, las partes tendrán quince días para presentar pruebas de cargo y de descargo. Luego de este plazo, se convocarán audiencias de actuación de pruebas. Aguirre subrayó que el proceso seguirá los procedimientos parlamentarios establecidos.

El 12 de abril, el gobierno de México denunció ante el secretario general de la ONU, António Guterres, el asalto a su embajada en Quito por fuerzas de seguridad ecuatorianas. México también solicitó a la CIJ que declare a Ecuador responsable del incidente. Mientras México acusa a Ecuador de violar la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, Ecuador sostiene que México transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos y abusar de la inmunidad diplomática.

Este proceso de juicio político podría tener significativas repercusiones tanto en la política interna de Ecuador como en sus relaciones internacionales, especialmente con México, en un momento de tensiones diplomáticas crecientes.