La senaduría plurinominal de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y actual miembro de Morena, enfrenta un posible derrumbe tras su reciente declaración como prófugo de la justicia. El Instituto Nacional Electoral (INE) podría verse obligado a aplicar el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que impide a cualquier persona en dicha situación acceder a un cargo público.

La posibilidad de que Corral obtuviera fuero en las próximas dos semanas y así esquivara las acusaciones en su contra, podría desvanecerse esta misma semana durante la asignación de espacios de representación proporcional. Esto se debe a que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo declaró prófugo, luego de un fallido intento de arresto ocurrido el pasado 16 de agosto.

El operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Corral, por el delito de peculado agravado y el presunto desvío de 98.6 millones de pesos durante su mandato, fue interrumpido en la Ciudad de México. Ulises Lara, encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), evitó su captura, sacando a Corral de un restaurante y llevándolo en su vehículo, lo que llevó al fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, a declarar a Corral como prófugo de la justicia.

Esta declaración oficial altera la situación jurídica de Corral, quien busca acceder a un cargo público que le otorgaría fuero y protección legal. En este contexto, el TEPJF ha sentado un precedente al negarle candidaturas a personas con órdenes de aprehensión vigentes, como en los casos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Eliseo Fernández. El tribunal ordenó al INE negar sus registros y a los partidos políticos sustituirlos, un criterio que podría aplicarse también en el caso de Corral.

Aunque un juez de distrito en la Ciudad de México concedió a Corral una suspensión provisional este fin de semana, el criterio del TEPJF establece que ningún amparo puede cambiar la situación jurídica de una persona que ha intentado evadir la justicia. La magistrada Janine Otálora ha subrayado en sentencias anteriores que aquellos con órdenes de aprehensión vigentes por delitos graves y evidencias de evasión no pueden aspirar a un cargo público.

En el caso de Javier Corral, es de dominio público que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó arrestarlo el pasado miércoles, y que, con la ayuda de la FGJCDMX, logró evadir la captura. A pesar de las afirmaciones de Corral y sus abogados de que no es un prófugo de la justicia y que el operativo fue más bien un "intento de secuestro", será el INE quien deba analizar estos hechos al momento de decidir si le asigna o no la senaduría, y el TEPJF quien lo confirme.

Este caso podría marcar un punto decisivo en el proceso electoral y en la aplicación de la justicia para quienes aspiran a ocupar un cargo público en México.