El pasado 16 de agosto, Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, presentó una controvertida iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. El proyecto propone extender de siete a ocho años el periodo del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y otorgar la posibilidad de reelección para un segundo periodo igual.

Además, la iniciativa busca modificar el Artículo 83 ter de la Constitución estatal para permitir que la ASE pueda fiscalizar, de manera directa o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, las participaciones federales, así como los empréstitos del Municipio y del Estado que cuenten con la garantía de la Federación.

Un aspecto que ha causado controversia es la propuesta de otorgar fuero constitucional al titular de la ASE, equiparándolo con figuras similares a nivel federal y en otros estados de la República. Actualmente, la Auditoría Superior del Estado no cuenta con esta protección.

El Artículo Segundo Transitorio de la iniciativa ha generado especial controversia, ya que plantea que el actual Auditor, Héctor Acosta Félix, inicie automáticamente un nuevo periodo de ocho años sin necesidad de pasar por un proceso de ratificación por parte del Congreso del Estado. Acosta Félix, quien ocupa el cargo desde enero de 2019, vería su periodo extendido hasta 2032, lo que ha suscitado críticas y sospechas de que la reforma busca consolidar su permanencia sin un debido proceso de evaluación.

Esta propuesta de reforma se presenta en un contexto político delicado, coincidiendo con la reciente declaración de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, como prófugo de la justicia por parte de la Fiscalía Anticorrupción del estado, tras un fallido intento de arresto. Cabe señalar que la ASE, bajo la dirección de Acosta Félix, ha sido criticada por su supuesta cercanía con el gobierno de la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, y por su falta de acción en casos de presunta corrupción durante su administración.

Entre los casos cuestionados se encuentra el pago irregular de 34.8 millones de pesos a la empresa AEFE SA de CV por 12 funciones de la obra "La golondrina y su príncipe" en 2022, y la venta de uniformes a estudiantes de los Colegios de Bachilleres de Chihuahua por más de 38 millones de pesos sin un contrato formal.

La reforma, que ha sido "cocinada" en el poder legislativo por el PAN y el PRI, busca blindar a la ASE al elevarla a rango constitucional, fortaleciendo así su autonomía. Sin embargo, críticos señalan que esta medida podría estar diseñada para asegurar la impunidad de actores políticos clave en Chihuahua.

La iniciativa requiere de la mayoría calificada en el Congreso del Estado para ser aprobada, es decir, 22 votos a favor. Se espera que sea discutida en el próximo periodo extraordinario de sesiones, lo que mantiene a la clase política y a la ciudadanía en vilo sobre su desenlace.

Este proyecto de reforma no solo plantea cambios significativos en la estructura de la ASE, sino que también pone en relieve las tensiones políticas y los intereses en juego dentro del estado de Chihuahua, dejando preguntas sobre la verdadera intención detrás de la prolongación automática del periodo de Héctor Acosta Félix en el cargo.