El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, compuesto por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro. Este resultado ha sido ampliamente señalado como fraudulento tanto dentro como fuera del país.

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, quien lideró el proceso de revisión judicial, anunció: "Convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", durante un acto al que asistieron altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos.

La sentencia del TSJ se emite 22 días después de que el propio Maduro solicitara una revisión de los resultados a través de un recurso de amparo, cuya existencia no había sido revelada previamente. En el proceso, participaron los diez excandidatos presidenciales, convocados por el TSJ.

Rodríguez explicó que la decisión se basó en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales, cuyas identidades y detalles del proceso de validación permanecen desconocidos. Este proceso se llevó a cabo sin la presencia de representantes de la oposición mayoritaria, que continúa denunciando un fraude electoral.

Antes de que el TSJ anunciara su fallo, Edmundo González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —la mayor coalición opositora— advirtió que esta decisión "solo agravará la crisis" que enfrenta el país. "Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis", escribió González Urrutia en X.

La oposición venezolana sostiene que su candidato ganó las elecciones por un amplio margen y ha publicado el 83,5 % de las actas electorales para respaldar su reclamo. Este argumento ha recibido el apoyo de varios países y organizaciones nacionales e internacionales.

Sin embargo, el CNE proclamó a Maduro como ganador sin publicar los resultados desagregados, un aspecto contemplado en el cronograma electoral y exigido por gran parte de la comunidad internacional.