El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que cesen las acciones que, según él, están afectando al Poder Judicial, señalando específicamente las consultas realizadas por la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

En su conferencia matutina, López Obrador criticó que estos ejercicios de consulta deterioran la institucionalidad del Poder Judicial, asegurando que no existe un fundamento legal que justifique frenar una reforma constitucional, puesto que esta es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

“Cómo actúan, para defender privilegios, sin tomar en cuenta la Constitución, sin tomar en cuenta las leyes, extralimitándose o buscando extralimitarse en algo que no les corresponde”, manifestó el mandatario, argumentando que dichas acciones no se alinean con los principios de un auténtico Estado de derecho.

El presidente reiteró que los ministros de la SCJN están interviniendo en cuestiones que competen exclusivamente al Congreso, lo que, desde su perspectiva, implica una defensa de "privilegios" y un intento de obstaculizar reformas clave promovidas por su administración. A su juicio, estos actos reafirman lo que denominó un "Estado de chueco", en contraposición a un Estado de derecho transparente y justo.

López Obrador ha insistido en que el Poder Judicial debe respetar sus límites constitucionales y dejar de interferir en asuntos que son competencia del Legislativo. Para él, la independencia de los poderes debe preservarse sin que uno interfiera indebidamente en las funciones del otro.

La consulta promovida por Norma Piña, presidenta de la SCJN, ha generado polémica en el escenario político. Según López Obrador, este tipo de iniciativas no solo minan la autoridad del Legislativo, sino que también perjudican la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto.

El mandatario concluyó su intervención señalando que su gobierno continuará trabajando para asegurar que el Estado de derecho se mantenga y que las reformas impulsadas por el Legislativo sean respetadas por todos los poderes de la nación, sin interferencias que vayan más allá de las facultades constitucionales asignadas a cada uno.