La violencia que ha azotado el estado de Chihuahua en los últimos días alcanzó un nuevo punto crítico esta mañana, cuando fueron hallados 11 cuerpos sin vida en la vía pública de Ojinaga, una localidad al este del estado. Este hallazgo se suma a una serie de enfrentamientos armados en diversas carreteras, lo que ha dejado en entredicho la estrategia de seguridad implementada por la administración estatal.

El clima de inseguridad ha generado tensión en el Palacio de Gobierno, donde la gobernadora Maru Campos ha comenzado a tomar medidas diferentes a las que había mantenido hasta ahora. En un giro notable, la mandataria ha comenzado a asistir a las mesas de coordinación de seguridad, de las cuales se había ausentado anteriormente por razones desconocidas. Además, Campos ha cambiado su discurso, elogiando públicamente a la federación y reconociendo el trabajo de instituciones como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un intento por buscar apoyo en la crisis.

Las fuentes señalan que la relación entre Maru Campos y su secretario de seguridad, Gilberto Lozoya, se ha deteriorado considerablemente debido a los desencuentros sobre la estrategia de seguridad en el estado. Estos problemas internos han contribuido a una mayor desestabilización en la región, mientras la ola de violencia sigue creciendo.

Otro factor que añade presión al gobierno de Campos es el retraso en la construcción de la Torre Centinela, un proyecto de seguridad emblemático que busca ser el centro de control de vigilancia en el estado. A pesar de ser una de las promesas de campaña de la mandataria, la obra no ha sido concretada a la mitad de su sexenio, lo que ha generado críticas sobre el manejo del presupuesto destinado a seguridad.

El despilfarro en seguridad pública, que hasta ahora no ha dado los resultados esperados, ha comenzado a enfurecer a la ciudadanía y a los sectores opositores. Este creciente malestar podría convertirse en uno de los temas clave de la sucesión gubernamental de 2027, donde la ineficacia de las políticas de seguridad podría pasarle factura al Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenece Campos.

Chihuahua atraviesa un momento crítico, en el que la seguridad parece fuera de control y las tensiones dentro del gobierno solo agravan la situación. Mientras la ciudadanía exige resultados, los próximos meses serán decisivos para la administración de Maru Campos y su capacidad para controlar la crisis de violencia que sacude a la entidad.