La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este lunes la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en un caso que ha marcado un precedente en la política argentina por irregularidades en obras viales.

La sentencia original, dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, encontró a Fernández culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Esta investigación abarcó la concesión de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo, durante los mandatos del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y esposa, Cristina Fernández, en la provincia de Santa Cruz, un bastión clave del kirchnerismo.

La confirmación de la condena, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, representa un duro golpe para la figura de Fernández, quien ha sido una de las líderes más influyentes de la política argentina en las últimas dos décadas y actual vicepresidenta del país.

Este fallo consolida la acusación de que, bajo su mandato, hubo una administración fraudulenta de recursos públicos al direccionar proyectos de infraestructura hacia las firmas de Báez, generando sobrecostos y favorecimientos irregulares. La expresidenta, sin embargo, ha sostenido en repetidas ocasiones que la causa es un intento de persecución política en su contra.

El caso “Vialidad” ha captado la atención nacional e internacional, y se enmarca en un contexto de creciente escrutinio hacia la clase política de Argentina en relación con la corrupción y el uso de los recursos estatales. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal confirma un proceso judicial que podría tener implicaciones significativas en la carrera política de Cristina Fernández y en el futuro del kirchnerismo como fuerza política en el país.