La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, aceptó el recurso presentado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, frenando temporalmente cualquier acción legal que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudiera emprender contra sus integrantes.

El caso fue asignado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá resolver qué orden debe acatar el comité: si la de los jueces federales que suspendieron sus actividades o la del TEPJF que los obliga a retomarlas para continuar con el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros que serán elegidos por voto popular en junio.

Norma Piña otorgó nueve días al TEPJF y tres días a los jueces de Michoacán y Jalisco para presentar la documentación relevante. Además, dictó una medida cautelar que protege al Comité de Evaluación y sus integrantes de posibles sanciones o acusaciones legales hasta que la SCJN resuelva el caso.

La medida busca evitar que los integrantes del comité enfrenten consecuencias legales por cumplir con resoluciones judiciales contradictorias.

El conflicto surge porque, mientras el TEPJF ordenó al comité reanudar sus actividades en 24 horas, dos jueces de Distrito le otorgaron suspensiones definitivas para detenerlas, como parte de amparos promovidos contra la reforma judicial.

La decisión del comité de suspender actividades, respaldada por la SCJN el pasado 13 de enero, ha puesto en riesgo el cumplimiento del plazo del 31 de enero, cuando los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben presentar sus listas de candidatos.

Aunque los comités de los otros poderes han continuado con el proceso pese a los mandamientos judiciales, el Tribunal Electoral presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Sergio Santamaría Chamú, juez de Distrito en Michoacán, por una posible responsabilidad en delitos contra la administración de justicia al ordenar la suspensión de las actividades del comité.

El Comité de Evaluación tiene hasta el 7 de febrero para entregar su lista de candidatos, aunque la incertidumbre jurídica podría retrasar el proceso. La SCJN deberá resolver esta disputa que enfrenta al Tribunal Electoral con jueces federales y definir el rumbo del proceso de selección en el Poder Judicial.