Los diputados locales Arturo Medina y Luis Fernando Chacón, junto al diputado federal Alejandro Domínguez, denunciaron una serie de acciones que calificaron como “agravios sistemáticos” del Gobierno Federal hacia el campo de Chihuahua, señalando especialmente la reciente eliminación del subsidio a la energía eléctrica para actividades agrícolas.

Durante su pronunciamiento, los legisladores del PRI advirtieron que esta decisión pone en riesgo la viabilidad del sector primario, ya que dicho subsidio permitía reducir hasta en un 95% el costo de los recibos por consumo eléctrico, vital para la operación de sistemas de riego y extracción de agua. “Los productores podrían llegar al extremo de trabajar únicamente para pagar la luz”, alertaron, advirtiendo que esto derivaría en un incremento en los precios de los alimentos y el colapso económico de miles de familias rurales.

Los priistas señalaron que esta medida se suma a una política de recortes que ha impactado gravemente al campo, destacando la drástica reducción del presupuesto destinado a la CONAFOR, que pasó de cerca de 7 mil millones a poco más de 2 mil millones de pesos desde la llegada de Morena al poder. Esta disminución ha afectado los programas de prevención y combate de incendios forestales, situación que, según los legisladores, queda evidenciada en siniestros como el del ejido Ahuichique, que lleva 11 días activo sin control en la zona de San Juanito.

Además, criticaron la falta de respuesta efectiva ante el avance del gusano barrenador, lo que pone en riesgo la exportación de ganado al mercado estadounidense, ante posibles cierres fronterizos por razones sanitarias.

Los legisladores reiteraron que estas decisiones reflejan un “desprecio manifiesto” del Gobierno Federal por el campo chihuahuense y aseguraron que continuarán desde el Congreso local y federal en la defensa de los productores. “Estamos listos para seguir alzando la voz por los miles de chihuahuenses que viven del campo”, concluyeron.

La denuncia del PRI se da en un contexto de creciente tensión entre gobiernos estatales y la Federación por el manejo de recursos destinados al sector rural, en medio de desafíos climáticos, económicos y sanitarios que agravan la situación del agro en Chihuahua y otras entidades del norte del país.