En una sesión legislativa prolongada y marcada por el hermetismo, el Congreso del Estado de Sonora aprobó por unanimidad el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro, ambos señalados por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un contrato irregular para el arrendamiento de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos.

La determinación del Congreso, votada por los 39 diputados presentes, permite a la Fiscalía continuar el proceso judicial contra los dos funcionarios, quienes fueron acusados formalmente de ejercicio indebido del servicio público. La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, compareció ante el pleno para sustentar los señalamientos en una sesión que se extendió desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes.

Previo a la resolución legislativa, Gerardo Vargas Landeros solicitó licencia al Cabildo de Ahome, el cual aprobó su separación provisional del cargo y designó como alcaldesa interina a Rosa Margarita Velázquez. Aunque ausente durante la votación, el alcalde calificó el proceso como una represalia política y afirmó que se trata de “un acto contra una gestión con resultados y respaldo popular”.

“Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo, miedo a un liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo”, sostuvo Vargas Landeros, quien, pese a su postura crítica, anunció que se pondría a disposición de las autoridades.

Este viernes, el Congreso estatal prevé celebrar una sesión extraordinaria a las 11:00 horas para designar formalmente al nuevo titular de la presidencia municipal de Ahome, mientras la Fiscalía avanza en el proceso penal correspondiente.

El caso representa uno de los episodios más relevantes en materia de control legislativo y fiscalización en Sonora, abriendo una nueva etapa de escrutinio sobre la gestión de recursos públicos en seguridad municipal.