Durante la sesión legislativa celebrada en Ciudad Juárez, la diputada morenista Rosana Díaz Reyes cuestionó de manera directa al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, y al secretario de Hacienda, José Granillo Vázquez, sobre el avance físico, financiero y administrativo de la Torre Centinela, proyecto insignia del gobierno de María Eugenia Campos. En un discurso crítico, la legisladora calificó la obra como una “promesa incumplida” y denunció opacidad en su ejecución.

Díaz Reyes recordó que desde su anuncio en 2022, el proyecto fue presentado como una transformación en materia de seguridad pública, sustentada en tecnología de punta e inteligencia artificial. Sin embargo, enfatizó que, a más de dos años del inicio formal de su construcción, el panorama de inseguridad en el estado persiste con indicadores de homicidios que mantienen a Chihuahua entre los primeros lugares a nivel nacional.

Durante su intervención, la legisladora puntualizó que la Torre Centinela ha cambiado de fecha de entrega en múltiples ocasiones: primero prometida para enero de 2024, luego aplazada a marzo de 2025 y recientemente reprogramada para octubre del mismo año. Este desfase temporal, señaló, genera preocupaciones legítimas sobre los recursos involucrados, la transparencia del proceso y los posibles sobrecostos asociados.

Además de remarcar la adjudicación directa del contrato a la empresa Seguritech por más de 4,700 millones de pesos, Díaz presentó un pliego de once preguntas dirigidas a los funcionarios presentes. Entre ellas, solicitó detalles sobre el avance actualizado del proyecto, causas del retraso, costos adicionales por modificaciones estructurales, y si se han activado cláusulas de penalización por incumplimiento. También propuso una visita de legisladores al sitio de construcción para verificar el progreso y la aplicación de los recursos públicos.

Con un tono firme pero institucional, Rosana Díaz aclaró que su intervención no responde a una intención de confrontación partidista, sino a una exigencia de responsabilidad ante un tema que impacta directamente la vida y seguridad de las familias chihuahuenses. “Este no es un asunto político, es un asunto humano y ético”, afirmó, subrayando que su interés es velar por una estrategia de seguridad que cumpla con lo prometido y que rinda cuentas claras a la ciudadanía.