El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó este jueves, de manera unánime, la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra algunos de los principales fabricantes de armas del país norteamericano. La acción judicial, presentada en 2021, acusaba a las empresas de facilitar el tráfico ilegal de armamento que, posteriormente, abastece al crimen organizado en territorio mexicano.

Los nueve magistrados del alto tribunal coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, promulgada en 2005, confiere una amplia inmunidad a los fabricantes de armas de fuego frente a demandas relacionadas con el uso que los compradores hagan de sus productos. Según el fallo, redactado por la jueza progresista Elena Kagan, no se hallaron pruebas plausibles de que las compañías demandadas —entre ellas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock— hayan actuado deliberadamente para permitir el contrabando de armas.

México había solicitado una compensación de 10.000 millones de dólares, argumentando que la violencia armada que asola el país está directamente alimentada por el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. En su defensa, el Gobierno mexicano invocó una excepción de la ley estadounidense, que autoriza demandas cuando las empresas violan conscientemente las leyes sobre armas de fuego. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que tal excepción no resultaba aplicable en este caso.

El resultado de este litigio vuelve a subrayar las profundas diferencias entre los dos países en torno a la regulación de armas. Mientras que en Estados Unidos la posesión de armamento está amparada por la Segunda Enmienda de la Constitución, México mantiene una de las legislaciones más restrictivas del continente en cuanto al acceso a armas de fuego.

En paralelo, las tensiones bilaterales en materia de seguridad persisten. La administración de Donald Trump ha señalado a México por facilitar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, mientras que el Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que las organizaciones criminales que operan en México deben su capacidad de violencia al flujo constante de armamento que cruza la frontera desde el norte.

Este fallo del Supremo estadounidense cierra, al menos por el momento, un frente judicial que México consideraba clave en su estrategia para combatir la violencia armada. Sin embargo, es previsible que el debate diplomático y político en torno al tema continúe, en un contexto donde ambos gobiernos sostienen visiones opuestas sobre la proliferación y el control de las armas.