En un fallo unánime que marca un hito judicial y político en la historia reciente de Argentina, la Corte Suprema de Justicia ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa de Fernández, dejando firme el fallo emitido en 2022 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales durante su mandato.

La sentencia, que aún no se ha materializado en términos de detención efectiva, abre la puerta a que la exmandataria pueda ser arrestada en las próximas horas o días. No obstante, al superar los 70 años, Fernández podría solicitar el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria, tanto en su residencia en la ciudad de Buenos Aires como en su domicilio en la provincia patagónica de Santa Cruz.

El caso, emblema del término “lawfare” utilizado por Fernández para denunciar una presunta persecución judicial y política, ha dividido al país durante más de una década. Su desenlace judicial no solo representa un duro golpe para el kirchnerismo, sino que también refuerza la narrativa del actual gobierno sobre la restauración de la república y la rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei, uno de los críticos más feroces del legado kirchnerista, no tardó en pronunciarse. Desde su cuenta oficial en la red social X, escribió de manera tajante: “Justicia. Fin”. Y agregó: “La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, en alusión a las versiones que sugerían un entendimiento entre su gobierno y el kirchnerismo.

El mandatario, que ha expresado reiteradamente su deseo de “enterrar el kirchnerismo con Cristina dentro”, ve en esta resolución una victoria política que puede consolidar su base electoral. Analistas como Lara Goyburu, de la Universidad de Buenos Aires, interpretan que la condena refuerza entre los votantes de Milei la percepción de que su gobierno cumple lo prometido: combatir la impunidad y romper con el establishment político.

Sin embargo, el encarcelamiento de la ex presidenta también podría alimentar la narrativa épica del peronismo, que históricamente ha sabido convertir la persecución de sus líderes en elementos de cohesión y movilización. Fernández se convierte así en la segunda mandataria de la era democrática en ser condenada por la justicia, después de Carlos Menem, aunque a diferencia de éste, todo apunta a que ella sí cumplirá una pena efectiva.

Con la ratificación de esta sentencia, Argentina entra en una etapa políticamente tensa, donde la justicia, el poder ejecutivo y la narrativa mediática se entrelazan en un episodio que tendrá repercusiones no solo jurídicas, sino también profundas consecuencias para el futuro político del país.