A casi una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que aún no se ha logrado identificar plenamente al autor material del crimen, aunque las investigaciones avanzan con base en indicios obtenidos de cámaras de vigilancia y elementos encontrados en el lugar de los hechos.
Durante la conferencia matutina de este viernes, García Harfuch explicó que el atacante no portaba ningún documento de identidad, lo que ha dificultado el proceso de reconocimiento. Sin embargo, señaló que prendas de vestir y otros detalles visibles permitieron rastrear su movimiento en las horas previas al ataque, incluyendo su paso por un hotel y algunos comercios, cuyas grabaciones ya están siendo analizadas por los equipos de inteligencia y peritos especializados.
“El sujeto no traía identificación, pero a través de su ropa y otros indicios lo hemos ubicado en cámaras de varios puntos; en cuestión de tiempo lograremos tener su identificación completa, así como la del grupo delictivo al que pertenecía”, indicó el funcionario. Aunque se mantiene la reserva sobre las líneas de investigación, las autoridades han asegurado que hay avances sólidos en la recolección de pruebas.
El asesinato de Manzo, ocurrido en plena vía pública pese a contar con escoltas, desató una fuerte respuesta política y social, no solo por la violencia del ataque, sino por tratarse de un funcionario electo en funciones. A raíz del crimen, el gobierno federal reforzó la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y anunció una intensificación de los trabajos de inteligencia, evitando recurrir al enfoque militarista del pasado.
Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá impunidad y que el caso se resolverá con profesionalismo y respeto a las víctimas, al tiempo que ha criticado el uso político del homicidio por parte de la oposición. En tanto, las autoridades federales confían en que la identificación del atacante y de sus vínculos criminales abrirá la puerta a un proceso judicial que permita esclarecer el crimen y avanzar hacia una respuesta institucional eficaz frente a la violencia que afecta a los gobiernos municipales en regiones clave del país.
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