La liberación del propietario del Crematorio Plenitud, establecimiento donde fueron localizados 386 cadáveres acumulados durante años en condiciones insalubres e indignas, detonó una severa crítica política desde el Congreso del Estado. El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, condenó el amparo concedido por el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, que derivó en la excarcelación del empresario José Luis A.C., y cuestionó con dureza la actuación de las autoridades judiciales y administrativas vinculadas al caso.
“386 cadáveres apilados por años, tratados como cosas o como objetos, no fueron suficientes para encontrar justicia. ¿Qué atrocidades tienen que pasarnos en Ciudad Juárez para que encontremos justicia de nuestras autoridades?”, expresó el legislador, al colocar el debate en el terreno no solo jurídico, sino ético y social. La dimensión del hallazgo, que conmocionó a la opinión pública por la magnitud del agravio a la dignidad humana, ha puesto bajo escrutinio la cadena completa de responsabilidades institucionales.
Estrada Sotelo sostuvo que, si bien el propietario del crematorio enfrenta una responsabilidad central por la violación a protocolos y por vulnerar el derecho de las familias a un trato digno para sus seres queridos, el caso no puede reducirse a una sola figura. Señaló que durante años debieron operar mecanismos de inspección y supervisión por parte de autoridades competentes, sin que se detectaran las irregularidades que hoy exhiben una falla estructural. En ese sentido, advirtió que Morena no permitirá que el expediente se diluya en un intercambio de señalamientos entre el Poder Judicial y la Fiscalía, y exigió que se determinen responsabilidades claras tanto para el empresario como para los servidores públicos que, por acción u omisión, pudieron haber contribuido a la permanencia de estas prácticas.
El legislador recordó que desde el Congreso impulsó previamente una iniciativa orientada a fortalecer la regulación, supervisión y control de establecimientos dedicados a la disposición y cremación de restos humanos, precisamente con el propósito de evitar escenarios como el ocurrido en el Crematorio Plenitud. La tragedia, subrayó, no solo expone vacíos normativos o deficiencias operativas, sino una profunda deuda institucional con las familias afectadas.
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