El Gobierno de México activó el mecanismo diplomático para solicitar a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba frenar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. La medida marca un nuevo capítulo en el litigio que el exmandatario sostiene frente a la Fiscalía General de la República.
La solicitud fue tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Embajada estadounidense y notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, el órgano jurisdiccional resolvió no conceder protección judicial al exgobernador ni a cuatro integrantes de su familia, al considerar que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe su curso. Con esta determinación, permanecen vigentes las órdenes de captura emitidas en su contra.
De acuerdo con información difundida en el ámbito federal, la Fiscalía solicitó activar el trámite diplomático con base en una orden de aprehensión librada en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos de procedencia ilícita, a la que se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024 por delincuencia organizada. Ambas siguen pendientes de cumplimentarse, mientras la primera permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un recurso promovido por la defensa.
García Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes periodísticos señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.
En 2025, el exgobernador aseguró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra, mientras que la Fiscalía sostuvo que únicamente fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales. Este contraste evidencia la disputa narrativa que rodea el caso. En un comunicado reciente, sus abogados afirmaron que cuenta con protección judicial contra cualquier intento de arresto y anunciaron que recurrirán la resolución ante un tribunal superior.
La definición del caso dependerá ahora tanto de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses frente a la solicitud mexicana como del desenlace de los recursos pendientes en tribunales nacionales. En el trasfondo, se trata de un expediente que no solo implica responsabilidades penales individuales, sino que también se inscribe en la discusión más amplia sobre la capacidad del Estado mexicano para llevar ante la justicia a exgobernadores señalados por presuntos vínculos con estructuras delictivas.
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