El Gobierno federal puso en la mira las pensiones más elevadas dentro de empresas paraestatales y organismos públicos, al revelar que existen jubilaciones que superan de manera desproporcionada el promedio nacional y que, en algunos casos, incluyen subsidios adicionales con cargo al erario. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para eliminar estos privilegios en los altos mandos del sector público.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso que entre los hallazgos destacan pensiones que alcanzan hasta 140 veces el promedio nacional, que según el Inegi ronda entre 6 mil 600 y 7 mil pesos mensuales. Señaló además que en el caso de jubilados de Luz y Fuerza del Centro se subsidia parcialmente el impuesto sobre la renta, lo que representa un costo adicional de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos al año, cifra que consideró muy por encima de lo que reciben extrabajadores en proceso de retiro bajo esquemas ordinarios.
El señalamiento más contundente vino de la propia presidenta, quien ejemplificó que existe al menos un caso de un exdirectivo de Luz y Fuerza que percibe una pensión mensual cercana al millón de pesos. Sheinbaum aclaró que la iniciativa no afectará a trabajadores de base ni a quienes están protegidos por contratos colectivos, como ocurre en Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, sino que se enfocará exclusivamente en altos mandos de confianza.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, detalló que la propuesta contempla modificar el artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo Federal. El objetivo, explicó, es garantizar austeridad republicana y cerrar espacios a beneficios que hoy representan un gasto considerable para las finanzas públicas.
El anuncio reabre el debate sobre la herencia de regímenes de retiro diseñados bajo esquemas discrecionales y sobre el equilibrio entre derechos adquiridos y responsabilidad presupuestal. De prosperar la reforma, se sentaría un precedente constitucional que redefiniría los límites de las jubilaciones en la alta burocracia, en línea con la narrativa gubernamental de combate a privilegios y racionalización del gasto público.
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