Horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidara la mayoría de sus aranceles por considerar que se extralimitó en el uso de poderes de emergencia, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10 % al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
La disposición invocada otorga al mandatario facultades para aplicar restricciones temporales a las importaciones de hasta 15 %, lo que abre una nueva vía jurídica para sostener su estrategia comercial tras el revés judicial. El anuncio, difundido inicialmente por CNN, se produjo en un contexto de tensión política luego de que el fallo del Supremo representara uno de los golpes más significativos a la agenda económica del presidente en su segundo mandato.
De acuerdo con versiones periodísticas, Trump recibió la noticia del fallo mientras encabezaba un desayuno con gobernadores en la Casa Blanca. Fuentes citadas señalaron que el mandatario reaccionó con visible molestia y lanzó críticas directas contra el alto tribunal. Minutos después, dio por concluido el encuentro antes de lo previsto para preparar un posicionamiento público sobre la resolución.
Funcionarios de la administración ya habían contemplado un escenario adverso en el Supremo y aseguraron al presidente que existían alternativas legales para mantener el marco arancelario. La Sección 122 emerge así como el instrumento inmediato para reinstalar gravámenes, aunque con límites temporales y bajo condiciones específicas.
El movimiento reabre la confrontación institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a los alcances de la política comercial. Si bien la nueva base legal podría sostener el arancel del 10 % en el corto plazo, la medida previsiblemente enfrentará escrutinio político y judicial adicional, en un contexto donde el equilibrio de poderes y la estabilidad de los mercados vuelven a situarse en el centro del debate.
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