La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el denominado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una mayoría calificada de 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, consolidando así uno de los proyectos centrales de la agenda política del actual gobierno.
La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de redefinir la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, así como establecer límites a las remuneraciones de funcionarios electorales, en línea con los principios de austeridad republicana.
Tras su aprobación, el dictamen fue remitido a las legislaturas estatales para su análisis y eventual ratificación, conforme al procedimiento constitucional requerido para este tipo de reformas.
Entre los cambios más relevantes, el artículo 115 establece que los municipios serán gobernados por ayuntamientos integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el ejercicio del poder público.
Por su parte, el artículo 116 fija un límite al presupuesto de los congresos locales, al señalar que no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad correspondiente, además de reforzar la obligación de garantizar la paridad en su integración.
En cuanto al artículo 134, se establece que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados y funcionarios de órganos electorales no podrán superar el límite previsto en la Constitución, y se prohíbe la contratación de seguros o prestaciones adicionales que no estén contempladas en el marco legal vigente.
La reforma también contempla disposiciones transitorias para una implementación gradual, así como la reasignación de los recursos que se generen por los ajustes presupuestales hacia fines de interés social.
Durante la discusión en lo particular, legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron reservas al dictamen; sin embargo, la mayoría fueron retiradas, desechadas o turnadas para su publicación sin modificación al contenido aprobado.
La aprobación del Plan B marca un punto clave en el debate sobre el rediseño institucional del sistema electoral y el ejercicio del poder público en México, al tiempo que abre una nueva etapa en su proceso legislativo, ahora en manos de los congresos estatales.
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