La gobernadora Maru Campos declinó asistir a una reunión de trabajo convocada por el Senado de la República en relación con el desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. La decisión fue comunicada formalmente mediante oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva, argumentando que su presencia podría comprometer información confidencial o clasificada y afectar el curso de las investigaciones en marcha.
En el documento, el gobierno estatal expone que la determinación busca salvaguardar la debida conducción institucional de la información y el respeto a la seguridad nacional. Campos reiteró que su actuación ha seguido en todo momento los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad, y que desde el inicio de los hechos instruyó la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de los Acontecimientos registrados entre el 16 y el 19 de abril.
Dicha unidad ya remitió información a la Fiscalía General de la República en atención a los requerimientos formales presentados por esa instancia. El gobierno de Chihuahua señaló que mantiene disposición de colaborar con las autoridades federales una vez que las condiciones del proceso lo permitan.
La negativa de Campos a comparecer ante el Senado ocurre en un momento en que el caso acumula aristas: la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui, las versiones contradictorias sobre el rol de los agentes estadounidenses, la investigación paralela de la FGR y la presión diplomática de Washington sobre el gobierno federal. La decisión de la gobernadora de no presentarse —amparada en razones legales— evita que declare públicamente en un foro donde las preguntas sobre lo que el gobierno estatal sabía, y cuándo lo supo, serían inevitables.
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