La diputada Carla Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial de la Federación para que den trámite conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos a la solicitud de detención provisional formulada por el Departamento de Justicia estadounidense contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Rivas fue cuidadosa en el alcance del exhorto: no busca prejuzgar la culpabilidad de los señalados, sino que las autoridades mexicanas actúen conforme al marco legal vigente. "Si existe una solicitud formal y un tratado vigente, lo que corresponde es que las autoridades mexicanas actúen conforme a la ley y no dejen el caso en el aire", señaló. Entre los diez señalados figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros siete exfuncionarios y mandos de seguridad estatales y municipales.
La legisladora también apuntó directamente al uso de la licencia temporal como posible mecanismo para dilatar el proceso: el exhorto plantea de manera explícita que separarse del cargo no puede convertirse en una vía para evadir responsabilidades penales, y exige que toda actuación se realice con legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
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