La presidenta Claudia Sheinbaum fue este miércoles más directa que nunca sobre el caso Chihuahua. Sin rodeos y sin dejar espacio a interpretación, calificó la presencia de agentes de la CIA en el operativo del 19 de abril como una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. "En términos de opinión, mi visión como Presidenta, es que es una falta a la Ley de Seguridad Nacional y de la Constitución", declaró desde Palacio Nacional, dejando en manos de la FGR determinar quién carga con esa responsabilidad.
La mandataria fue explícita sobre el alcance de la investigación federal: la FGR entrevista a "muchas personas de la fiscalía y a otras áreas del gobierno de Chihuahua." La frase amplía el radio de la investigación más allá de los funcionarios ya señalados y apunta hacia niveles del gobierno estatal que hasta ahora no habían sido mencionados públicamente por la presidenta.
El mensaje llega en el peor momento para la administración chihuahuense. En menos de un mes el caso ha consumido dos piezas clave de la cadena de mando de seguridad del estado: el fiscal César Jáuregui, quien renunció tras dar versiones contradictorias sobre el rol de los agentes extranjeros, y este martes Arturo Zuany Portillo, fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, quien presentó su renuncia minutos después de que el segundo informe de la Unidad Especializada revelara que un presunto agente extranjero armado había sido visto dentro de sus propias instalaciones el día previo al operativo. Zuany también había sido citado a declarar ante la FGR la semana pasada.
La presión no viene solo desde adentro. Los reportes de CNN y The New York Times sobre operaciones de la CIA en México —aunque con versiones distintas sobre su alcance— colocaron el caso Chihuahua en el centro del debate internacional sobre los límites de la cooperación bilateral en seguridad, precisamente cuando la gobernadora Maru Campos intenta sostener la narrativa de que el operativo fue un logro y que ella no sabía nada.
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