La administración de Donald Trump firmó el 19 de mayo una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Tesoro a emitir en un plazo de 60 días una alerta formal para que bancos e instituciones financieras intensifiquen los controles sobre transferencias de dinero vinculadas a extranjeros sin autorización laboral. La medida podría afectar directamente las remesas que millones de mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias, al clasificar patrones comunes de transferencia como posibles señales de lavado de dinero, narcotráfico o trata de personas.
El decreto señala como factores de riesgo las transferencias transfronterizas de bajo monto, los pagos entre particulares a través de plataformas digitales y los depósitos o retiros repetitivos en pequeñas cantidades, esquemas que coinciden exactamente con la forma en que la mayoría de los migrantes mexicanos envían dinero a sus hogares. La orden también cuestiona el uso del ITIN —número de identificación tributaria usado por millones de migrantes para pagar impuestos— como documento para abrir cuentas o acceder a productos financieros, calificándolo como un "factor de riesgo" que amerita mayor supervisión.
Entre las acciones ordenadas, el Tesoro deberá identificar patrones de evasión fiscal, uso de empresas fantasma y esquemas de "microestructuración" diseñados para eludir los umbrales de reporte de la Ley de Secreto Bancario. La medida también avanzará sobre el acceso al crédito de personas sin residencia legal y apunta a plataformas de pago digital y servicios monetarios no registrados.
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