Los documentos migratorios compartidos por la propia presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, revelan que la causa real de la cancelación de su visa fue más compleja que una simple infracción de tránsito. Según el expediente A-244-993-329, el 29 de mayo de 2026 —cuando intentó ingresar a EU por un puerto fronterizo alrededor de las 5 de la tarde— fue enviada a inspección secundaria, donde agentes le formularon una pregunta clave documentada en el Formulario I-867A: "¿Está consciente de que tener una orden de arresto por no comparecer ante una autoridad o por no atender algún asunto legal pendiente ante un tribunal constituye una violación de su estatus como turista?" La respuesta de Granados, asentada en el mismo documento: "Sí. No sabía que tenía una infracción de tránsito pendiente en Nuevo México. La habría atendido si hubiera estado enterada de ella."
La pregunta de los agentes sugiere que en los sistemas estadounidenses existía registrada una orden de arresto o proceso judicial pendiente —no solo una multa sin pagar— derivado de que Granados no se presentó ante un tribunal citado por esa infracción, situación frecuente en el sistema legal de EU cuando el citado no comparece. Formalmente, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una Notificación y Orden de Expulsión Acelerada el 30 de mayo bajo la sección 212(a)(7)(A)(i)(I) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al determinar que Granados no contaba con documentos migratorios válidos al momento de solicitar la admisión.
En respuesta a los señalamientos políticos derivados del caso, Granados emitió un comunicado en el que rechazó intentos de vincularla con actividades ilícitas y contraatacó con casos documentados de panistas involucrados con el crimen organizado: García Luna, García Cabeza de Vaca, Von Roehrich y el llamado Cártel Inmobiliario vinculado a Jorge Romero.
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