La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció este lunes la explicación más detallada que su gobierno ha dado sobre el marco legal del caso de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sinaloenses acusados por EU. La clave está en la distinción entre dos figuras jurídicas distintas: lo que Washington presentó fue una "petición de detención urgente con fines de extradición" —presentada por una oficina específica del Departamento de Justicia, no por el gobierno estadounidense en su conjunto— y no un juicio formal de extradición. "No hay plazo. Lo habría si fuera un juicio formal de extradición", afirmó la mandataria.
Sheinbaum explicó el proceso seguido: la SRE revisó la documentación recibida y determinó que no había pruebas suficientes para proceder, luego consultó a la FGR, que llegó a la misma conclusión. "Si no hay pruebas, el gobierno dice 'no.' Estados Unidos puede iniciar un juicio formal si así lo considera pertinente", señaló. La mandataria recordó además que este mecanismo de exigir pruebas es recíproco: en ocasiones anteriores EU también ha pedido evidencias adicionales cuando México ha solicitado detenciones urgentes. La FGR, aclaró, mantiene abiertas sus propias carpetas de investigación independientemente de la solicitud estadounidense.
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