El Congreso del Estado cerró este lunes una jornada legislativa con resultados divididos en materia electoral: aprobó un paquete de reformas constitucionales con 22 votos —la mayoría calificada requerida— pero desechó la iniciativa más polémica de la jornada, la que buscaba establecer la nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado, que obtuvo 20 votos a favor, dos menos de los necesarios. Los 12 votos en contra de la bancada de Morena, sumados al voto de la diputada del PT Irlanda Márquez, fueron suficientes para frenarla. La diputada Rosana Díaz, ya sin partido, se abstuvo.
La iniciativa desechada proponía reformar el artículo 36 de la Constitución local para permitir la anulación de elecciones cuando se acreditara intervención permanente o sistemática de grupos delictivos mediante violencia, intimidación o coacción sobre los procesos electorales o sus resultados.
El paquete que sí alcanzó los 22 votos, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y leído por el diputado Octavio Borunda, incluye cambios de fondo en varios frentes. En materia de representación proporcional, se redujo del 10% al 9% el umbral de votación para la tercera ronda de reparto de diputaciones plurinominales. En cuanto a la integración de los ayuntamientos, se establece un máximo de 15 integrantes y se clasifican los municipios en cuatro categorías conforme a la reforma federal de abril, con regidurías determinadas por índice demográfico y condiciones socioeconómicas; los regidores electos por mayoría relativa y por representación proporcional tendrán la misma categoría y derechos iguales.
La reforma fortalece los derechos político-electorales de los pueblos indígenas al reconocer su derecho a elegir autoridades mediante sistemas normativos internos bajo principios de equidad y paridad de género, garantizando que ningún sistema normativo limite los derechos político-electorales de la ciudadanía en la elección de autoridades municipales. El IEE deberá implementar una plataforma digital de registro de candidaturas y expediente electrónico antes del inicio del proceso electoral 2026-2027, incluyendo la elección de regidurías indígenas por sistema normativo interno.
En materia de reelección, se prohíbe que los integrantes de los ayuntamientos se reelijan para el mismo cargo en el período inmediato, con una precisión importante: las suplentes pueden ser electas como propietarias siempre que no hayan estado en ejercicio, pero las propietarias no pueden postularse como suplentes. Esta disposición aplicará a partir de los procesos electorales de 2030. La reforma también incorpora restricciones para acceder a cargos públicos a personas con sentencias firmes por violencia de género, violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios morosos, y obliga a servidores públicos con funciones directivas a acreditar capacitación en perspectiva de género y derechos humanos en los primeros seis meses de gestión.
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