La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la FGR un paquete de 21 denuncias penales por presuntos desvíos de recursos por más de 600 millones de pesos, derivadas del primer informe de resultados de la cuenta pública 2025 presentado a la Cámara de Diputados. El caso de mayor monto involucra 427.4 millones de pesos: un contrato por adjudicación directa que la entonces directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Cháirez, autorizó el 9 de enero de 2024 para ampliar la capacidad de producción de materiales del proceso electoral 2023-2024, asignado a la empresa Gráficas Corona sin licitación pública. Aguilera Cháirez fue diputada federal de Morena por Durango en la 64 Legislatura y está casada con Antonio Meza, ex titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en el sexenio de Zedillo.
Las 20 denuncias restantes se distribuyen en distintos órdenes de gobierno y partidos: cinco contra el municipio de Alvarado, Veracruz; cinco contra el gobierno de Nayarit durante la administración panista de Antonio Echevarría; tres contra la Cofepris por triangulación de recursos entre empresas con socios compartidos que pagaron 5.6 millones de pesos a un funcionario supervisor que luego recibió contratos por más de 116 millones sin acreditar los servicios; una contra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; tres contra el municipio de Donato Guerra, Estado de México, gobernado por la coalición Morena-PT-PVEM; y denuncias adicionales contra Valle de Bravo, Maravatío y Matehuala.
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