Ismael "El Mayo" Zambada García fue sentenciado este lunes 20 de julio a cadena perpetua y al decomiso de 15,000 millones de dólares ante el juez federal Brian Cogan en el Tribunal Federal del Distrito del Este en Brooklyn —el mismo magistrado que presidió los juicios de Joaquín "El Chapo" Guzmán y del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Zambada, de 76 años, vestido con su uniforme de reo café claro y camiseta anaranjada, no mostró reacción física durante el proceso. Al ser preguntado si tenía algo que declarar, respondió: "Acepto la responsabilidad de lo que hice. Lo que hice estuvo mal. Acepto mi castigo." Y concluyó: "La violencia debe acabar en México. Nadie gana en este tipo de guerra."
La sentencia se dictó conforme a lo acordado tras su declaración de culpabilidad del 25 de agosto de 2025, con la que Zambada descartó su derecho a un juicio. El juez Cogan recomendó al Buró de Prisiones ubicarlo en una instalación con servicios médicos adecuados para sus condiciones físicas y mentales, sin especificar cuáles.
La defensa, encabezada por Frank Pérez, reiteró que Zambada no buscó cooperar para reducir su condena y "no identificó" a miembros del Cártel de Sinaloa ni a funcionarios del gobierno mexicano. Sin embargo, no descartó que el Departamento de Justicia pueda ofrecerle un acuerdo de cooperación en el futuro —práctica común en casos de este tipo que se inicia después de la sentencia por iniciativa del DOJ.
Sobre cómo llegó a manos de EU, la versión de la defensa es la que Zambada ha sostenido desde el inicio: fue atraído el 25 de julio de 2024 a una reunión en Sinaloa bajo el pretexto de actuar como mediador para resolver diferencias entre funcionarios electos del estado, donde fue "golpeado, atado, secuestrado, llevado a un avión privado y transportado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López." La versión oficial estadounidense se limita a confirmar su arresto en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.
La Fiscalía federal destacó en su carta al juez que Zambada pagó millones de dólares en sobornos "a todos los niveles del gobierno mexicano —policía, militares y políticos— para asegurar que el cártel pudiera operar sin interferencia", citando entre los ejemplos el caso de García Luna. Al concluir la sesión, funcionarios de la administración Trump se auto-congratularon: "Nadie está fuera del alcance de la justicia estadounidense."
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