La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este miércoles, por mayoría de votos, dos amparos del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez para resolver una cuestión de trascendencia constitucional: si una persona extraditada desde Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos a los que motivaron su entrega.
El asunto gira en torno a la "regla de especialidad" prevista en el artículo 17 del tratado de extradición bilateral, que solo permite ampliar los cargos si el país que extradita otorga su consentimiento. Duarte fue entregado en junio de 2022 para enfrentar cargos de asociación delictuosa y peculado agravado por más de 96 millones de pesos, pero en 2023 promovió un amparo al argumentar que México solicitó a Washington autorización para juzgarlo por otra causa penal sin respetar su derecho de audiencia. Una jueza federal le dio la razón, anuló la audiencia inicial, dejó sin efectos la orden de aprehensión derivada de esa causa y ordenó su libertad.
Las autoridades federales impugnaron la sentencia al sostener que el consentimiento estadounidense forma parte de un trámite diplomático de cooperación, no de un nuevo procedimiento de extradición, por lo que el extraditado no tendría derecho de audiencia en ese proceso. El primer tribunal colegiado del décimo séptimo circuito remitió el caso a la Corte por su relevancia constitucional. Duarte permanece recluido en El Altiplano desde diciembre de 2025, donde enfrenta un proceso federal por presunto lavado de dinero.
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