

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación fue de 325 a favor (Morena, PT y PVEM) y 114 en contra (PRI, PAN y MC), con una abstención: la diputada morenista Olga Sánchez Cordero. Después siguió el debate en lo particular.
El decreto modifica el artículo 114 Octies y adiciona el 114 Nonies y el 232 Septies, e introduce la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet y redes sociales. Las plataformas que no retiren con rapidez el contenido infractor serán corresponsables, y el IMPI podrá multarlas con hasta 40 mil UMAs. También deberán adoptar políticas para suspender o dar de baja de forma definitiva las cuentas de usuarios que infrinjan de manera reiterada, y se endurecen los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces o imágenes alteradas con IA.
El gobierno la defiende como herramienta contra la piratería masiva y para armonizar la ley con el T-MEC. Colectivos de derechos digitales y Artículo 19 advierten del riesgo de censura automatizada. La oposición sostiene que, para evitar multas, las plataformas recurrirán a filtros de monitoreo masivo que eliminarían críticas políticas, memes, parodias y sátira.
Kenia López Rabadán (PAN) dijo que “van a obligar a los proveedores de servicio de internet para que quiten el internet cuando al gobierno le moleste un contenido”. Gibrán Ramírez (MC) afirmó que “con mucha ligereza se permite transgredir la libertad de expresión”. Rubén Moreira (PRI) la llamó “Ley Antimemes” y habló de “efectos intimidantes”. Por Morena, Jesús Valdés Peña defendió que el sector cultural representa 2.8% del PIB y 3.5% del empleo.
El dictamen cita datos de APDIF: 127 millones de contenidos eliminados en 2023-2024 y 72 millones en 2024-2025, como evidencia de que el esquema de puerto seguro funciona.











