Tras más de 11 horas de audiencia, el juez Luis Alberto Simental Ortega concedió al exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno el proceso en libertad por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En la última hora, el Ministerio Público de la FGE había pedido prisión preventiva por riesgo de sustracción, citando sus recursos económicos y sus presuntos vínculos con autoridades de Estados Unidos, y la posibilidad de que tuviera residencias alternativas para mantenerse fuera de Chihuahua.
El juez respondió que la prisión preventiva no es automática, que deben analizarse otras medidas y que los recursos del imputado no eran “suficientes para establecer que existiera un riesgo”. Impuso entregar sus documentos migratorios, no salir del país sin autorización, firmar cada mes y no acercarse a testigos. Rechazó la garantía económica y el brazalete que propuso la defensa.
Sin embargo, al salir del Tribunal Superior de Justicia, los agentes le notificaron que debía ser trasladado al Estado de México para ingresar a El Altiplano, a solicitud de la jueza federal del caso por traición a la patria. Su abogado, Héctor Villasana, explicó que la orden federal se notificó el sábado y que existía la posibilidad de audiencias en línea desde el Cereso No. 1, pero se descartó a última hora. “El oficio que hoy nos exhibieron los agentes es en el sentido de que la juez requiere que este interno esté en el penal de alta seguridad”, dijo. El exfiscal salió por la parte trasera del tribunal, fue reingresado un momento y finalmente partió en convoy. La fiscal general Ernestina Godoy informó la noche del sábado 17 que la autoridad federal libró la orden por lo ocurrido en El Pinal, Morelos, en abril.
Su defensa en audiencia. Jáuregui habló más de veinte minutos. Dijo que siete horas de testimonios de 45 trabajadores de la FGE no lo vinculan directamente con la participación de agentes federales en el operativo, y que no hay “un oficio, una orden o siquiera un WhatsApp” suyo sobre el ingreso de personal de la CIA, pese a que la FGE tiene GPS, comportamiento telefónico y pruebas técnicas. Sostuvo que la Fiscalía infiere su responsabilidad “sin mayor probanza” porque se reunía con dos funcionarios a los que veía con frecuencia, y que los cargos parten de una declaración periodística y de lo que él mismo refirió ante Wendy Paola Chávez al declarar. Dijo que ya había declarado ante la FGR en mayo.
Argumentó que las intervenciones de autoridades extranjeras se volvieron delito en reformas recientes, que antes eran faltas administrativas y que “no son delitos en sí mismos como el homicidio o la violación”. Dijo que los narcotraficantes “se han de estar carcajeando” porque el interés de la autoridad no ha sido el desmantelamiento. Para acreditar arraigo citó cinco años como secretario del ayuntamiento, año y medio como secretario General de Gobierno y cuatro como fiscal, y su pretensión pública de ser candidato. Habló de un “dejavú” de persecuciones políticas pasadas, sin nombrar a nadie, y pidió no enfrentar una “justicia hija de la consigna”.
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