El exministro Arturo Zaldívar anunció en una conferencia de prensa junto al líder de Morena, Mario Delgado, una serie de acciones legales contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por presuntas violaciones a las instituciones democráticas y los derechos humanos, así como injerencia en procesos electorales.

Zaldívar informó que solicitará un juicio político contra Piña por realizar actos que atentan contra las instituciones democráticas y por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos. Además, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la administración de la justicia y ejercicio ilícito del servicio público.

Asimismo, Zaldívar planea interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) por uso ilegal de fondos y delitos electorales, y presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

El exministro también anunció una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) por la filtración del acuerdo admisorio de la denuncia anónima en su contra, y denuncias ante la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal por coacción y amenazas contra magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por admitir a trámite una queja estando legalmente impedida para ello.

Zaldívar acusó a Piña de intervenir activamente en el proceso electoral al admitir una denuncia anónima en su contra y filtrarla a medios de comunicación. También señaló la cercanía de Piña con la candidata del PRIAN y la derecha, y la acusó de utilizar la SCJN con fines electorales.

El exministro afirmó que siempre fue imparcial y neutral durante su tiempo en la Corte, pero que decidió apoyar con mayor ahínco a la Cuarta Transformación, por lo que renunció a la institución. Finalmente, Zaldívar advirtió que estará pendiente de cualquier intento de presionar a jueces y magistrados para declarar en su contra, y tomará acciones legales correspondientes.