La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó el balance de dos años de la dependencia: 53 servidores públicos vinculados a proceso penal por delitos de corrupción, 4 mil 193 sancionados administrativamente y 517 denuncias presentadas ante la FGR. Los delitos más frecuentes son enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
De los servidores sancionados, 3 mil 528 incurrieron en faltas no graves y 665 en faltas graves, con causas que van desde pagos indebidos y sustracción de información hasta falsificación de documentos y acoso sexual. Adicionalmente, mil 737 casos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales 87 ya fueron notificados como sancionados y mil 650 siguen en proceso.
En el sector privado, la Secretaría sancionó a 286 personas morales —222 con inhabilitación y multa, 64 solo con multa— por un total de 147.3 millones de pesos. Las faltas más comunes incluyen documentación falsa, incumplimiento de contratos, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés. Se impusieron además 118.5 millones de pesos en infracciones por mal manejo de datos personales, con 51 sancionados.
Buenrostro detalló que las acciones de prevención permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos, distribuidos en: 29 mil millones por mejores procesos de compras, 42.2 mil millones por seguimiento a contratos, 4.8 mil millones por sanciones y 7.8 mil millones por eficiencia administrativa.
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