Gobernadores alertan sobre efectos negativos de eliminar prisión preventiva oficiosa; exigen a SCJN no eliminarla

Nacional 07 de mayo de 2024 Por BP Staff
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Los 32 gobernadores de México han presentado un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de alertar sobre los efectos negativos que tendría la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

A través de un amicus curiae, presentado el pasado 26 de abril, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores expresaron su preocupación por las posibles implicaciones de esta medida en la seguridad pública del país.

En el documento, los gobernadores subrayaron la importancia de que la Constitución prevalezca sobre cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno de México. Destacaron que la prisión preventiva oficiosa se aplica en casos de delitos de alto impacto y que su eliminación podría tener consecuencias graves en la seguridad de la población y en la culminación de procesos penales.

Asimismo, señalaron que esta medida garantiza una adecuada conducción del proceso penal, protege a las víctimas de los delitos y evita que los responsables queden impunes. Por lo tanto, hicieron un llamado a la SCJN para que considere estos argumentos antes de tomar una decisión que pueda afectar la seguridad y gobernabilidad del país.

El escrito de la Conago fue presentado en relación al expediente 3/2023, en el que la Corte debe determinar cómo el Poder Judicial de la Federación cumplirá una sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en un caso relacionado con la prisión preventiva oficiosa en México.

Este tema ha generado debate en la Corte, donde se han presentado diferentes proyectos de resolución. Algunos ministros proponen inaplicar la prisión preventiva oficiosa como una medida automática y establecer que los jueces analicen caso por caso las razones para mantener a una persona en prisión preventiva.

En resumen, los gobernadores han instado a la SCJN a considerar las implicaciones de eliminar la prisión preventiva oficiosa y a tomar una decisión que garantice la seguridad y el debido proceso en el sistema penal mexicano.

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