La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ha decidido, por unanimidad y en un análisis exprés de menos de 24 horas, declarar procedente el juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. El mandatario es acusado de presuntamente violar la Constitución y diversas leyes, con base en la denuncia presentada por los partidos PRI y PAN.

El proceso establece que García debe presentar su informe de defensa, ya sea de manera escrita o presencial, a más tardar el jueves 22 de agosto a las 16:00 horas. Además, deberá designar un abogado que lo represente en el juicio.

Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, explicó que el juicio ha sido iniciado, pero que aún no se ha determinado cuál será la sanción. Aclaró que García tiene la opción de comparecer personalmente o enviar su informe basado en su estrategia jurídica. “El juicio político apenas ha comenzado. Solo se ha dado entrada a la solicitud, y la Comisión deberá analizar la respuesta del gobernador antes de avanzar”, comentó De la Fuente.

Jessica Martínez, diputada local del PRI, destacó que la Legislatura podría no tener tiempo suficiente para revisar todo el contenido del caso en curso. “Hay muchos temas en el expediente, y algunos ya vienen con una posición desde la Suprema Corte y el Tribunal local. Deberemos resolver con claridad”, señaló Martínez.

Desde el partido Movimiento Ciudadano (MC), José Alfredo Pérez Bernal calificó el juicio como un “golpe de estado disfrazado de legalidad”, argumentando que el intento de destituir al gobernador se basa en un expediente analizado de manera apresurada. “Es un intento de derrocar el poder mediante una justificación legal que no corresponde con la realidad”, agregó Pérez Bernal.

La denuncia presentada por el PRI y el PAN acusa a Samuel García de violar al menos 18 artículos constitucionales y 5 de leyes secundarias en 7 hechos, incluyendo resoluciones de la Suprema Corte y la Sala Superior del TEPJF. Las principales acusaciones incluyen la falta de publicación de decretos, veto a decisiones del Congreso, y uso indebido de recursos públicos, entre otros.

El juicio político seguirá su curso, y una vez resuelto por las comisiones del Congreso, la decisión final será remitida al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que actuará como jurado de procedencia para determinar si se procede con la destitución o inhabilitación del gobernador García.