Gobierno Federal solicita suspensión de salarios y destitución de trabajadores del Poder Judicial en paro
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha solicitado la suspensión de salarios para los trabajadores del Poder Judicial que participan en las manifestaciones contra la reforma judicial. Además, se ha pedido considerar la destitución de aquellos empleados que mantengan el paro de manera indefinida.
En un documento dirigido a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial, la SHCP pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detener el pago a los empleados en paro, argumentando que la decisión de suspender labores no se realizó conforme a la ley. Según Hacienda, la circular emitida por el CJF para comunicar el paro contiene irregularidades, ya que la competencia para autorizar este tipo de acciones corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y no al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.
La SHCP también señaló que la decisión de unirse al paro fue tomada en una sesión extraordinaria del Pleno del CJF, sin que se mencionara el quórum ni la votación de los consejeros, lo que pone en duda la legalidad del proceso.
En su comunicado, Hacienda recordó que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el CJF está obligado a pagar las remuneraciones de sus empleados "siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones." Dado que el paro no fue realizado conforme a la ley, los trabajadores en huelga incurren en "inasistencia injustificada," lo que justificaría la suspensión de sus sueldos.
La SHCP también advirtió que la continuidad del paro y la interrupción de las actividades judiciales constituyen una "falta grave" que podría derivar en descuentos salariales, cese de nombramientos, procedimientos disciplinarios y responsabilidad administrativa.
Finalmente, el documento califica la suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales como "ilegal," y exhorta al CJF a conminar a sus servidores públicos a no interrumpir el servicio de impartición de justicia, subrayando que la libre manifestación de ideas no justifica la paralización de sus funciones.