Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, expresó su preocupación respecto a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y promovida por Morena, la cual está prevista para ser discutida y votada en septiembre. En su posicionamiento, Salazar destacó los posibles riesgos que esta reforma podría implicar tanto para la relación comercial entre ambos países como para el bienestar del pueblo mexicano.

La declaración del embajador norteamericano surge tras la inquietud manifestada por empresarios estadounidenses, quienes solicitaron al gobierno de Joe Biden que pida al gobierno mexicano un enfoque más cauteloso y deliberativo en la aprobación de la reforma judicial y la desintegración de los órganos autónomos.

En consonancia con estas preocupaciones, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley degradó la recomendación de inversión en México, argumentando que la propuesta de reforma judicial representa riesgos significativos para la narrativa de inversión del país. En un comunicado de prensa, Morgan Stanley señaló que esta decisión afecta posiciones clave en México, como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa.

Salazar también subrayó en conferencia de prensa los peligros que conllevaría la elección directa popular de jueces, tal como se ha planteado en la reforma. "El debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, junto con la feroz política que se avecina en México, si se aprueban las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenaza la histórica relación comercial que hemos construido. Esta relación depende de la confianza en las inversiones necesarias para la prosperidad del pueblo mexicano", afirmó el embajador.

Además, advirtió que la elección de jueces podría facilitar la manipulación de los tribunales por parte de cárteles y otros actores malintencionados, aprovechando la inexperiencia de jueces motivados políticamente.

La intervención del embajador Salazar resalta las preocupaciones internacionales sobre las implicaciones económicas y de seguridad de la reforma judicial en México, subrayando la necesidad de un enfoque medido y considerado en la toma de decisiones que afectan la estabilidad institucional del país.