Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República dieron luz verde a la reforma judicial impulsada por Morena y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que ha generado protestas y bloqueos en diversos sectores del país, será discutida y votada en el pleno el próximo miércoles 11 de septiembre.

El dictamen de la reforma al Poder Judicial fue aprobado en lo general y en lo particular por las comisiones del Senado, y ahora pasará a la Cámara Alta para su discusión final. Entre las medidas más destacadas del paquete, que fue propuesto en febrero pasado, se encuentra la reducción de 11 a 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la disminución del tiempo en el cargo de 15 a 12 años. Además, se contempla la celebración de dos elecciones para la renovación de los puestos del Poder Judicial: la primera, extraordinaria, en junio de 2025, y la segunda en 2027.

La reforma ha sido el epicentro de múltiples protestas, incluidas manifestaciones estudiantiles y un paro de actividades en la SCJN. Estas acciones obligaron a los legisladores a realizar la sesión en una sede alterna, debido a que los accesos al Palacio Legislativo fueron bloqueados por los opositores a la iniciativa.

La reforma también elimina la pensión vitalicia para los ministros de la SCJN, tanto actuales como futuros, y ajusta sus salarios al tope máximo permitido para el presidente de México. Además, prevé la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.

Otro de los cambios significativos es la supresión de las dos salas actuales de la SCJN, lo que implicará una reestructuración total del órgano judicial.

La iniciativa ha sido objeto de preocupación no solo en México, sino también a nivel internacional. Organismos como las Naciones Unidas y la International Chamber of Commerce, así como calificadoras como Fitch, han advertido sobre los riesgos que la reforma podría representar para la inversión privada y los tratados comerciales. También, embajadas de países como Estados Unidos y Canadá han expresado inquietudes sobre las posibles consecuencias económicas y sanciones que podrían derivar de la aprobación de estas modificaciones.

La aprobación de la reforma judicial en comisiones marca un paso clave hacia su implementación. Sin embargo, las protestas y las advertencias tanto nacionales como internacionales continúan, y la discusión en el pleno del Senado el 11 de septiembre será un momento decisivo para el futuro del Poder Judicial en México.