El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes la posibilidad de que la reforma al Poder Judicial desencadene problemas económicos en el país, desestimando los temores de una crisis financiera.

Durante su conferencia matutina, el mandatario calificó como "mentiras" las afirmaciones de que la reforma provocará una devaluación del peso, fuga de capitales o la reducción de inversiones en el país. “México está muy bien en su economía, mucho, mucho, muy bien. Cuánto miedo de que si hay una reforma judicial va a haber problemas con el peso, se va a devaluar, van a dejar de llegar inversiones, ¡puras mentiras! Al contrario", señaló.

López Obrador subrayó que los inversionistas valoran un gobierno con autoridad moral, política y fuerte, respaldado por la ciudadanía. Según el presidente, esto genera confianza en el país y permite que las inversiones continúen llegando, con la posibilidad de que el sexenio concluya sin devaluación del peso, algo que no se ha visto en más de 50 años.

El mandatario también criticó a quienes, según él, se dejan llevar por el "odio ideológico, el fanatismo y el conservadurismo", y les instó a celebrar los avances del país en términos económicos y sociales.

Reforma judicial y reacciones
El Senado de la República aprobó esta semana la reforma al Poder Judicial, cuya característica más destacada es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que se encuentra en paro desde el 21 de agosto, anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para intentar frenar la reforma.

Asimismo, la propuesta ha encendido alertas en organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Abogados, así como en socios comerciales de México, como Estados Unidos, por el riesgo de intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés en las futuras campañas electorales de jueces y magistrados.