La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó una segunda convocatoria para la contratación de créditos por un total de 10 mil 660 millones de pesos con el fin de refinanciar parte de la deuda pública de largo plazo del estado. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que busca reestructurar los pasivos financieros de la entidad hasta el año 2045.

El refinanciamiento abarca seis créditos bancarios contratados con cinco instituciones financieras: BBVA, Banco del Bajío, Banorte, Banco Azteca y Banobras, cuyos plazos actuales de pago concluyen en el 2039. La nueva deuda se contratará con plazos de 20 a 25 años, según las ofertas que presenten las entidades bancarias, lo que alargará los pagos hasta 2044 o 2045, garantizados por las futuras participaciones federales del estado.

La licitación pública No. SH/LPDP/007/2024, publicada el 18 de septiembre de 2024, establece que las ofertas se presentarán el 20 de noviembre y el fallo final será emitido el 22 de noviembre de 2024.

Esta es la segunda convocatoria emitida por el gobierno estatal en su proceso de refinanciamiento. En total, se han solicitado 20 mil 383 millones de pesos en créditos bancarios destinados a reestructurar la deuda pública de Chihuahua. Además, Campos Galván ha anunciado la contratación de 52 mil millones de pesos en créditos para la reestructuración total de la deuda, lo que incluye tanto los créditos bancarios actuales como los bonos bursátiles.

El primer crédito relacionado con esta reestructuración se convocó el 7 de agosto de 2024, por un monto de 9 mil 723 millones de pesos. El propósito era refinanciar otros seis créditos con instituciones como HSBC, Banco Santander, BBVA Bancomer y Banorte. El resultado de esa licitación se conocerá el 26 de septiembre de 2024.

El proceso de reestructuración ha sido criticado por diversos actores políticos y sectores sociales. Campos Galván ha sido acusada de utilizar la contratación de nueva deuda para favorecer a aliados políticos, particularmente a Ernesto Cordero, quien ha recibido más de 33 millones de pesos por "asesoría financiera" relacionada con estos créditos. Además, ha surgido información que vincula a Gerardo Cajiga Estrada, operador cercano a Diódoro Carrasco y procesado por delitos de corrupción, con la contratación de nueve contratos por un valor de 40 millones de pesos a través de la empresa Yield Consulting S.C..

El decreto que autoriza la contratación de la nueva deuda, publicado en el Periódico Oficial del Estado, permite la contratación de créditos por 52 mil millones de pesos para refinanciar los actuales compromisos financieros, incluyendo 16 deudas directas a largo plazo, bonos bursátiles, créditos del Fideicomiso Carretero y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

El plan contempla plazos de hasta 25 años para el pago de los créditos, extendiendo el endeudamiento del estado hasta el 2049. Este proceso ha sido respaldado por el Congreso del Estado con el voto favorable del PAN y el PRI, aunque ha enfrentado la oposición de Morena.

La estrategia de refinanciamiento contrasta con la narrativa oficial del gobierno de Campos Galván, que ha señalado avances en el "ordenamiento de las finanzas públicas" durante los dos primeros años de su gestión. Sin embargo, la contratación de nueva deuda a largo plazo, junto con el decreto que autoriza más créditos, desmiente esas afirmaciones.

A medida que avanza este proceso, las implicaciones del refinanciamiento y las críticas sobre su manejo político seguirán siendo temas de debate tanto a nivel estatal como nacional.

Con información de Zona Free