El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que se encontraron restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, aunque aún no hay un dictamen concluyente sobre si fueron incinerados o tratados con sustancias químicas para su desaparición.

“Hay elementos que muestran que hay restos humanos en ese predio. Si estos restos fueron quemados o recibieron algún ácido, por ejemplo, para tratar de desaparecerlos, no hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido”, explicó Gertz Manero en conferencia de prensa.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó con carácter de urgencia a las autoridades de Jalisco la entrega de peritajes definitivos y toda la documentación relacionada con el caso.

El fiscal también señaló irregularidades en el operativo realizado por las autoridades locales en 2024, cuando el rancho fue asegurado. Según la FGR, durante las diligencias entre septiembre y octubre del año pasado, no se realizó un rastreo exhaustivo de indicios, no se identificaron adecuadamente las prendas y calzado hallados en el lugar, y tres vehículos encontrados en el sitio, posteriormente reportados como robados, no fueron procesados correctamente.

“No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar, no se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares y, seis meses después, los servicios periciales del estado aún no cuentan con un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identidad de los restos encontrados”, detalló el fiscal.

Mientras la FGR avanza en su investigación, un video que circula en redes sociales muestra a supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) deslindándose de los hallazgos en el rancho, asegurando que la información difundida sobre un presunto campo de exterminio no es verídica.

Desde el 11 de marzo, Gertz Manero ha cuestionado el actuar de las autoridades locales en este caso y reiteró el compromiso de la FGR de llegar al fondo de la investigación. La dependencia analiza la posibilidad de atraer el caso a nivel federal ante las inconsistencias detectadas en la investigación estatal.