Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, fue citado por una jueza federal para comparecer el próximo 20 de agosto ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará formalmente por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La acusación está relacionada con un presunto quebranto patrimonial por 3 mil 412 millones de pesos derivado de la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.

La jueza Patricia Sánchez Nava, quien emitió la orden de aprehensión contra el ex mandatario, notificó a su homóloga Jovita Vargas Alarcón —titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal— que la audiencia inicial quedó programada para el 20 de agosto a las 10:00 horas. Vargas Alarcón había concedido previamente una suspensión provisional que impide la detención de Aureoles, condicionada a su comparecencia puntual ante la autoridad judicial.

El defensor legal del ex gobernador ya depositó una garantía de 52 mil pesos, requisito impuesto para mantener la vigencia de la medida cautelar. En consecuencia, las solicitudes presentadas por la FGR los días 7 y 8 de mayo para revocar la suspensión fueron desestimadas, al confirmarse que la audiencia ya había sido agendada.

Los señalamientos contra Aureoles tienen como antecedente la vinculación a proceso, en marzo pasado, de cuatro ex colaboradores suyos por su presunta participación en la adquisición irregular de instalaciones para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. De acuerdo con la FGR, las operaciones representaron un daño considerable al erario público tanto federal como estatal.

La comparecencia de Aureoles será clave para determinar el rumbo del proceso judicial. Además, según lo establecido por la jueza Vargas, el resultado de dicha audiencia deberá ser notificado de inmediato al juzgado de distrito, como parte de los controles sobre el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas. El caso, que ha sido calificado por figuras políticas como un ejemplo paradigmático de presunta corrupción, abre un nuevo capítulo en el escrutinio legal sobre la gestión del ex gobernador perredista.