La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que su gobierno presentó formalmente una demanda por difamación en contra del abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, defensor legal de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. La acción legal se realizó en territorio mexicano a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
“Ya se puso la demanda. La Consejería Jurídica es quien lo está atendiendo y para mí ya no es tema”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina, al rechazar entrar en mayores detalles sobre el proceso. La mandataria reiteró que su administración no entablará diálogo alguno con representantes legales del crimen organizado.
La demanda surge como respuesta directa a las declaraciones que Lichtman emitió recientemente, en las que acusó a la presidenta de actuar “más como el brazo de relaciones públicas que como la líder que merece el pueblo mexicano”. Las palabras del abogado se dieron en el contexto del juicio que enfrenta su cliente en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y crimen organizado.
Desde un inicio, Sheinbaum descartó establecer cualquier vínculo o intercambio con Lichtman, argumentando que “no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante”, postura que ahora ha sido acompañada de acciones legales. La presidenta fue enfática en que no permitirá que se vulneren ni la investidura presidencial ni el trabajo institucional del gobierno mexicano con aseveraciones sin sustento.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer el contenido específico de la denuncia, ni si se buscará que las autoridades judiciales estadounidenses reconozcan su validez en caso de que el proceso tome un curso internacional. Lo cierto es que el recurso legal marca un precedente inusual en la relación entre los sistemas judiciales de ambos países en casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico.
Con esta medida, el gobierno federal busca también dejar claro que no tolerará imputaciones públicas sin fundamento que pretendan minar su legitimidad, en especial cuando provienen de actores ligados a estructuras criminales o procesos judiciales de esa índole.
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