Con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar el derecho humano al agua, prohibir su acaparamiento y castigar hasta con ocho años de cárcel los delitos contra las aguas nacionales.
La aprobación se dio pese a las críticas de la oposición y de representantes del sector agrícola, quienes advirtieron sobre un trámite “fast-track” impulsado por Morena y sus aliados, quienes dispensaron todos los trámites legislativos para acelerar el debate. Aunque la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se pronunció en contra de este procedimiento, la mayoría oficialista continuó con la discusión del dictamen.
La ley incluye más de 50 modificaciones resultado de foros y reuniones con organizaciones campesinas, aunque el líder morenista Ricardo Monreal anticipó que podrían integrarse más ajustes durante la revisión en lo particular.
El nuevo marco jurídico establece que toda persona tiene derecho al agua y que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a ese derecho. Además, se crea un capítulo de delitos contra las aguas nacionales, que serán perseguidos de oficio y sancionados con penas que van desde tres meses hasta ocho años de prisión.
Entre los delitos tipificados se encuentra la alteración o desvío de cauces sin autorización, cuando ello afecte las condiciones hidráulicas o represente un riesgo para personas o ecosistemas. Quedan exentas de estas sanciones las actividades domésticas, agropecuarias familiares y de autoconsumo.
Asimismo, se castigará a servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones de agua mediante dádivas, con hasta ocho años de cárcel. Esto como parte del esfuerzo para erradicar la corrupción en la asignación de este recurso vital.
Uno de los aspectos más polémicos fue la disposición que limita la transmisión de derechos sobre concesiones, lo cual fue duramente criticado por el PRI, que acusó a Morena de ofrecer un “ajuste falso”, pues el dictamen señala que los títulos no serán transmisibles. No obstante, se incorporó una adición que permite reasignaciones expeditas de volúmenes de agua en casos de herencia, compraventa de tierras o reestructuración de sociedades.
Además, se cambió la denominación del capítulo de “Delitos Hídricos” por “Delitos contra las Aguas Nacionales”, reduciendo algunas penas originalmente contempladas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, defendió la iniciativa y aseguró que busca recuperar la rectoría del Estado sobre el agua, dejando de verla como una mercancía y estableciéndola como un bien estratégico para el país. Afirmó que esta reforma es un paso crucial hacia la justicia hídrica y una herramienta contra el acaparamiento y el uso discrecional del recurso.
La aprobación en Diputados ha generado movilizaciones de agricultores en varias regiones del país, particularmente en el norte, donde organizaciones del campo han advertido que reactivarán protestas y bloqueos si se aprueba la ley en el Senado sin modificaciones sustanciales. Pese a ello, el bloque oficialista ha reiterado que el objetivo es evitar abusos históricos y garantizar que el agua llegue a quienes más la necesitan.
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