La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existe alguna relación entre el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el caso penal en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, actualmente procesado por presuntos delitos cometidos durante su gestión.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que Adán Augusto no ocupa actualmente un cargo ejecutivo que lo vincule directamente al caso, pero enfatizó que, de existir elementos que sugieran su participación, la autoridad competente deberá proceder conforme a derecho. “La fiscalía en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto”, puntualizó.
Sheinbaum aclaró que no existe por ahora ningún señalamiento formal contra el también exgobernador de Tabasco, pero pidió que se conozcan todos los detalles del proceso que involucra a Bermúdez Requena y se haga pública la información sobre los antecedentes del caso, incluyendo el momento en que el gabinete de seguridad tuvo conocimiento de los hechos.
“Hay que ver cómo pasó esto, y por eso quiero que el gabinete de seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona”, agregó.
Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo se producen en un contexto de creciente presión mediática y política por esclarecer posibles redes de encubrimiento o complicidad dentro de administraciones anteriores en Tabasco, donde la figura de Bermúdez fue durante años una pieza clave en los operativos de seguridad estatal.
El caso ha comenzado a generar tensiones dentro del propio movimiento oficialista, donde persisten divergencias sobre el manejo de herencias políticas y los límites del respaldo institucional ante acusaciones graves. Al deslindar públicamente cualquier encubrimiento, Sheinbaum marca una postura de separación entre responsabilidades individuales y la actual conducción del gobierno federal.
En este sentido, la presidenta reiteró su compromiso con una política de justicia sin excepciones ni privilegios, insistiendo en que cualquier indicio de complicidad deberá ser esclarecido y, en su caso, sancionado. La investigación sigue en curso.
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