La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, presidió este martes la Mesa de Seguridad Regional en el municipio de Guadalupe y Calvo, una de las zonas más golpeadas por la violencia en la Sierra Tarahumara. Acompañada por el fiscal general del estado, César Jáuregui, y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, la mandataria se reunió con autoridades locales, cuerpos de seguridad y representantes comunitarios para evaluar resultados y reforzar estrategias frente al fenómeno delictivo que ha derivado en desplazamientos forzados de población.
La presencia de la gobernadora en esta región tiene un carácter simbólico y operativo: es una respuesta directa a la creciente presión social por atender la inseguridad persistente en comunidades serranas, donde el control territorial por parte de grupos armados ha provocado el abandono de poblaciones enteras, afectando profundamente el tejido social y económico.
Durante la sesión, Campos Galván aseguró que su gobierno no dejará solos a los habitantes de la Sierra y se comprometió a establecer “acuerdos tangibles que se harán realidad”. Reiteró que su administración mantiene un enfoque territorial y coordinado para enfrentar la criminalidad, y que estas mesas no son sólo ejercicios administrativos, sino espacios para la toma de decisiones concretas.
Las autoridades analizaron los avances operativos en materia de patrullaje, inteligencia regional y despliegue de fuerzas de seguridad, al tiempo que evaluaron necesidades urgentes en materia de protección civil, atención a víctimas y reactivación del tejido comunitario. Guadalupe y Calvo ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y reportes persistentes de desplazamientos internos, especialmente en comunidades indígenas.
La realización de esta mesa busca también consolidar la interlocución entre el gobierno estatal y las autoridades municipales, en una región donde las capacidades institucionales suelen ser superadas por la magnitud del fenómeno delictivo. Campos enfatizó que el compromiso del estado no se limita a la vigilancia, sino que incluye inversión en servicios, programas sociales y acceso a la justicia.
La presencia del gabinete de seguridad en territorio, en uno de los municipios más complejos del estado, apunta a enviar una señal política de cercanía y de voluntad de intervención real frente a un problema que se ha vuelto estructural en la región serrana.
Te puede interesar
Lo más visto
