La diputada de Morena, Brenda Francisca Ríos Prieto, llevó al Pleno del Congreso de Chihuahua una propuesta que incomodó: un Punto de Acuerdo para exigir al Ayuntamiento de Chihuahua capital explicaciones técnicas y financieras por el sobrecosto de tres puentes construidos con dinero público. El crédito aprobado fue por 570 millones de pesos, pero el costo reportado ya ronda los 761.5 millones, es decir, casi 191.5 millones adicionales. La solicitud fue rechazada con 14 votos en contra, cinco diputados que no votaron, dos abstenciones y una inasistencia.
Durante su intervención, la legisladora señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de ejercer un control real sobre el uso de recursos públicos y advirtió que no se trata de una disputa política, sino de una exigencia legítima de rendición de cuentas. “No venimos a pedirle a Chihuahua que crea a ciegas. Venimos a pedir prueba técnica”, declaró.
La propuesta de Ríos incluía requerir al Ayuntamiento un informe pormenorizado sobre los costos actualizados de cada obra, justificaciones técnicas y financieras, entrega de contratos, convenios modificatorios, cronogramas y, sobre todo, la comparecencia del alcalde o de los responsables ante la Comisión Especial de Seguimiento, creada por el mismo Congreso para fiscalizar cada peso de este financiamiento.
Además, la diputada planteó exhortar a la Auditoría Superior del Estado para realizar una revisión específica, incluyendo un peritaje técnico independiente que dictamine si los costos adicionales son razonables con base en los proyectos ejecutivos, volumetrías y precios unitarios.
La negativa a aprobar este control institucional dejó en el aire preguntas incómodas: ¿por qué rechazar la revisión si todo está en orden? ¿Por qué negar información al Congreso que autorizó la deuda? ¿Y por qué el temor a una auditoría externa?
Las frases de la legisladora fueron directas: “Cada peso extra lo va a pagar una familia”, “los congresos existen para controlar al poder” y “que el dinero de las y los chihuahuenses no se maneje como si fuera la tarjeta personal del alcalde”.
De los 33 diputados, solo 11 votaron a favor del Punto de Acuerdo. Entre ellos, además de la propia proponente, se encontraban figuras como Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo y María Antonieta Pérez Reyes. Por el contrario, la bancada del PAN cerró filas en contra, acompañada por otros legisladores que defendieron la postura oficialista. Llamó la atención que cinco diputadas y diputados, incluyendo a Rosana Díaz y Irlanda Márquez, no emitieran voto alguno.
El fondo de la discusión expuso un dilema de fondo: ¿transparencia solo cuando conviene políticamente? ¿O existe una voluntad real por fiscalizar cómo y en qué se usan los recursos públicos?
Hoy, las y los ciudadanos de Chihuahua tienen 191 millones de razones para exigir respuestas.
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