Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió con escepticismo al movimiento ciudadano que en años recientes se ha manifestado públicamente en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que algunos de sus integrantes ahora buscan constituirse como partido político. La declaración marca un giro crítico en el discurso oficial respecto a estas movilizaciones, que han sido promovidas por figuras del ámbito electoral, académico y político.
“Ahora lo que quieren es convertirse en partido político quienes están ahí, pues consejeros del INE o algunos de los consejeros, entre ellos Lorenzo Córdova; algunos que fueron parte del PRD, que ya desapareció; otros de la derecha que no encuentran espacio en otros lados”, afirmó la mandataria, aludiendo a una supuesta convergencia de intereses entre sectores desplazados del espectro político tradicional.
Sheinbaum subrayó que, como cualquier otro grupo que aspire a obtener registro como fuerza política, los promotores de esta iniciativa deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley electoral. No obstante, el trasfondo de su mensaje parece advertir sobre una tentativa de capitalizar políticamente una bandera ciudadana, originalmente enfocada en la defensa de las instituciones democráticas, particularmente el árbitro electoral.
Las manifestaciones en defensa del INE, que en su momento lograron concentraciones multitudinarias en varias ciudades del país, han sido vistas como una reacción crítica a reformas impulsadas desde el Ejecutivo durante la administración anterior, que buscaban reconfigurar el sistema electoral. El movimiento ha estado encabezado por voces que hoy, según Sheinbaum, buscan abrir un nuevo espacio político ante la desarticulación de partidos tradicionales como el PRD y la fragmentación de la oposición conservadora.
La presidenta no descartó la legalidad del proceso, pero insinuó que detrás de este nuevo intento partidista hay un reciclaje de liderazgos con poca representatividad real. “Han tenido manifestaciones muy chiquitas”, ironizó, poniendo en duda la capacidad de movilización y la legitimidad social de quienes estarían promoviendo esta nueva fuerza política.
Más allá de la polémica puntual, la declaración se inscribe en una lógica de recomposición del mapa político nacional tras la consolidación del nuevo gobierno. La posible irrupción de un partido surgido de movimientos ciudadanos plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político para absorber nuevas expresiones, y sobre el papel que tendrán en el futuro aquellos actores que, desde la sociedad civil, se propusieron como contrapeso institucional.
El desafío no será únicamente jurídico, sino de legitimidad pública: transformar una causa cívica en plataforma electoral sin diluir su contenido ético ni su origen ciudadano. Una tensión que el actual gobierno ha optado por exponer desde el foco de la crítica, más que del reconocimiento.
Te puede interesar
Lo más visto
