En un ejercicio de rendición de cuentas con un tono firme y crítico, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, expuso el peso financiero que arrastra su administración a causa de decisiones heredadas de gobiernos anteriores. Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y la Tesorera Municipal, Dayira Fernández, el alcalde afirmó que, pese a las cargas económicas derivadas de gestiones pasadas, su gobierno ha logrado realizar obra pública sin recurrir a nuevo endeudamiento.
Durante su conferencia semanal, Pérez Cuéllar detalló que, tan solo por el Plan de Movilidad Urbana (PMU) —una deuda contratada en 2013 por 2 mil 100 millones de pesos— se terminarán pagando 5 mil 400 millones, una cifra que prácticamente triplica el monto original debido a los intereses. “Hasta abril del 2025, se han pagado 2 mil 874 millones de pesos, de los cuales apenas 620 millones han ido al capital y 2 mil 254 millones a intereses”, precisó, lo que equivale al 21.6% de amortización del capital y un 78.4% en costos financieros.
El alcalde lamentó que bajo la lógica neoliberal con la que fue gobernada la ciudad en el pasado —deuda sin control, decisiones sin consulta ciudadana y obras de dudoso resultado—, hoy el presupuesto municipal deba destinar 22.5 millones de pesos mensuales al pago de una deuda que persistirá hasta 2032. “Con lo pagado solo en intereses, podríamos haber financiado seis distribuidores como el Talamás Camandari, 19 rehabilitaciones de puentes o 40 estadios como el 8 de Diciembre”, puntualizó.
Otros pasivos relevantes mencionados fueron la construcción fallida del Cereso Productivo en 2013, que derivó en una demanda de 189 millones de pesos y ha implicado pagos por más de 53 millones a empresas privadas, así como obligaciones fiscales heredadas por errores en el pago del Impuesto Sobre la Renta entre 2017 y 2020, que han representado 266 millones en desembolsos entre 2023 y 2025.
Un caso emblemático es el del predio conocido como Changmol, expropiado de forma irregular en el Camino Real, por el cual el municipio fue condenado a pagar 83 millones de pesos. A través de un convenio legal, la administración logró reducir el pago a 40 millones, lo que fue presentado como un ejemplo de manejo responsable y capacidad de negociación institucional.
A pesar de este panorama adverso, Pérez Cuéllar hizo hincapié en que su administración ha entregado infraestructura significativa sin haber contraído un solo peso de deuda adicional. “Todas las obras que estamos entregando están pagadas; no se deben”, sentenció.
El mensaje es claro: el gobierno municipal se enfrenta a las consecuencias financieras de un pasado de decisiones opacas y costosas, pero busca marcar una diferencia gestionando con responsabilidad, transparencia y sin hipotecar el futuro de la ciudad. En medio de una narrativa de corrección estructural, Pérez Cuéllar intenta consolidar la idea de una administración que, pese a las restricciones, pone la obra pública al servicio directo de la comunidad, sin cargas adicionales para las siguientes generaciones.
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