Tras el informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este acto representa el fin de una etapa ampliamente cuestionada del Poder Judicial, marcada —según sus palabras— por prácticas de nepotismo y la defensa de privilegios.
“Terminó una era muy cuestionada, por la defensa de privilegios, por el nepotismo”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina del martes, en alusión directa a la administración saliente de la Suprema Corte. Y añadió: “A partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México”.
La presidenta hizo referencia así al inicio de un nuevo ciclo institucional, que contempla, como parte de la reforma impulsada por su gobierno y aprobada en el Congreso, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, una medida inédita en la historia judicial del país y que representa un giro profundo en el modelo de impartición de justicia.
Sheinbaum calificó esta transformación como “única” y “profunda”, y reiteró que forma parte del legado estructural de la llamada Cuarta Transformación: “Eso es lo que yo creo que tiene que quedar para nuestro país”.
Aunque evitó hacer una crítica directa al informe de Norma Piña, el contraste que marcó entre la etapa que concluye y la que se avecina es contundente. Su mensaje implica un cierre político e institucional de ciclo, en el que se señala al Poder Judicial actual como una instancia que, durante años, operó bajo lógicas internas de privilegio y sin contacto real con la ciudadanía.
La reforma al Poder Judicial, que ha sido una de las apuestas más controvertidas del nuevo sexenio, comenzará a materializarse a partir de este 1 de septiembre con la publicación de lineamientos y calendarios para la elección de cargos judiciales por voto popular. El proyecto ha recibido tanto respaldo como críticas: para sus defensores, representa una democratización del aparato de justicia; para sus detractores, implica riesgos de politización y pérdida de autonomía.
El mensaje de Sheinbaum, más allá del simbolismo, ratifica el rumbo de transformación institucional que su gobierno ha propuesto como hoja de ruta: cambios de fondo en los poderes públicos, anclados en legitimidad popular y en la promesa de erradicar las prácticas corporativas que han caracterizado al sistema judicial mexicano.
El informe de Norma Piña, más que un cierre administrativo, se convirtió así en el último capítulo de una era que —según el nuevo gobierno— ya no representa al México que está por venir.
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